Asesinato en Moratalla: Intolerable Resolución del SMS.

Desde la Asociación de Profesionales de la Sanidad Pública no podemos dejar pasar por alto la incomprensible e injusta resolución del SMS, publicada hoy en la prensa, negando indemnización a la familia de la doctora María Eugenia Moreno, asesinada cuando estaba trabajando en el Centro de Salud de Moratalla en 2009.

Viendo la resolución publicada hoy los profesionales del SMS nos preguntamos ¿que pasa, si nos pegan dos tiros  o un navajazo trabajando?... nuestra empresa se lava las manos y nuestros hijos a mendigar. Motivos para agredirnos no les faltan muchas veces a los usuarios, que ven a la mayoría de nosotros, mas que la solución, un inconveniente añadido a sus problemas de salud.

Esta claro que los hechos de Moratalla fueron en 2009 y aun no se aplicaban aún estos recortes tan brutales, pero el SMS se ha pronunciado ahora, cuando, cada vez mas, se hacen evidentes las consecuencias de los recortes, que ya calan profundamente en los usuarios que los sufren a diario, la mayoría con resignación, pero los Centros Sanitarios son escenario demasiado a menudo de situaciones violentas hacia los profesionales. ¿Temen que pase mas veces y quieren sentar precedente?

¿Hubiera sido la misma resolución si hubieran tiroteado a un Gerente de hospital?. Seguramente no. Se indemniza de oficio a la familia, por que esa muerte les dolería mucho mas y ni siquiera se publicita.

Es lo que están provocando con tanta medida injusta que están tomando. Los pacientes sufren la violencia de la administración en forma de copagos, exclusiones, listas de espera, cierres de servicios, escasez de personal y otras barbaridades, que nos han impuesto en forma de decretos que nos dictan nuestros gobernantes, basándose en antiguas mayorías absolutas. Lo imponen a la sociedad y a nosotros nos obligan a hacerlo cumplir, muchas veces con instrucciones imprecisas sobre su aplicación, dando lugar a errores e injusticias y hasta daños irreparables.

Como ejemplo de lo anterior, hace unas semanas, junto a la Asociación de Usuarios, denunciamos lo que estaba pasando en Fuente Álamo con un recién nacido, al que no se le atendía correctamente al ser hijo de inmigrantes, excluidos del sistema sanitario y no tener sus papeles en regla.  No antes de hacer la denuncia pública, es reconocida y publicitada la OBLIGATORIEDAD de emisión de Tarjeta Sanitaria a TODOS los menores de edad que residen en España, sin distinción ni traba de ningún tipo, y así se ha aclarado a los profesionales, pero entre tanto, el niño no tiene la debida atención. Eso por unos padres es interpretado como hostilidad y puede ser motivo de reacción violenta hacia el profesional que le niega derechos a su hijo.

No se puede consentir que nuestros mandatarios no entiendan, o les de igual, que sus agresivas medidas puedan tener respuesta violenta por parte de quien las sufre.

Y no nos informen de su aplicación debidamente.

Y no nos protejan.

Y no reconozcan su responsabilidad si nos agreden. 

La resolución del SMS se basa en que, según su criterio, los hechos fueron imprevisibles, por lo que ninguna responsabilidad puede exigírsele. ¿Según ellos la responsabilidad es solo del agresor? ¿Y los enfermos mentales también son responsables?. La ley dice que no. Y lo que es todavía mas inaudito es que siendo un caso tan excepcional, por lo poco usual de los hechos, es que no tengan la sensibilidad para con los familiares que han perdido una esposa o hija cuando estaba trabajando en un Centro de Salud, espacio laboral poco sospechoso de provocar muertes, como pudiera ser una mina de carbón.

Por eso, desde nuestra asociación alentamos a todos los profesionales a denunciar TODAS agresiones, que son muy frecuentes, para que sean los jueces los que determinen la responsabilidad del SMS, como garante de nuestra seguridad e integridad física en el trabajo. Si los que nos mandan no nos protegen, debemos hacerlo nosotros con las herramientas de que disponemos: Jueces y los Sindicatos. Debemos buscar con estos últimos la unidad de acción, ya que son los que tienen las atribuciones legales para promover las acciones necesarias que garanticen nuestra integridad personal. Son nuestros representantes, elegidos por nosotros, para que velen por nosotros.